Matar al cine peruano: libertad de extorsión en vez de expresión

Escrito por Alejandra Bernedo

En 1993, la cineasta peruana Nora de Izcue publicó en el diario La República un texto titulado “Apagar nuestras imágenes. Matar al cine peruano”. En él, Nora critica la decisión del gobierno de Alberto Fujimori de promulgar el Decreto de Ley 25988, que derogó los artículos de la ley de cine que había venido impulsando la creación y distribución cinematográfica en el Perú por los últimos 20 años. Apagar nuestras imágenes, decía Nora, “aquellas que los cineastas peruanos tercamente hemos ido colocando en las pantallas nacionales e internacionales, es dejarnos desguarnecidos (…) y peor aún, es permitir que las imágenes que de nosotros llegan al mundo entero sean aquellas captadas por cineastas de otras latitudes, que manejan otras ópticas e intereses”. Una vez más, un penoso episodio de la historia se repite, ahora con la aprobación de la que, desde la comunidad de las artes, llamamos Ley Anticine.

No es casual decir que vuelven los noventa y es más peligroso de lo que parece. Esto va más allá de las tendencias y aspectos banales. Un ejemplo de ello es esta ley, que afecta directamente el trabajo del sector cultural, pero que desde siempre se buscó oficializar sin pasar por la Comisión de Cultural del Congreso de la República. Muchos recordarán cuando se empezó a hablar de la Ley Tudela a finales del 2023. Lo que tenemos hoy no es netamente el proyecto de ley de la congresista Adriana Tudela, sino la versión consolidada de siete proyectos de ley provenientes de bancadas como Fuerza Popular, Acción Popular y Podemos Perú. El objetivo, afirman, es promover la actividad cinematográfica en el Perú modificando la ley de cine vigente desde hace unos años. Sin embargo, a la par, muchos congresistas reiteran que el Estado no tiene por qué financiar el cine o las artes. ¿Por qué es tan importante una ley de cine? ¿Por qué el estado debe financiar la cinematografía nacional?

Respondamos a esto. De derechos culturales no se habla en el Congreso, aún cuando tienen una relevancia igual a la de los derechos educativos, a la libertad de pensamiento y de expresión. El lenguaje cinematográfico es eso, la capacidad de comunicarnos a través de las imágenes en movimiento. Tenemos tanto derecho a aprender un idioma para poder hablar o escribir con él, como a hacerlo con las artes, entre las que se encuentra el cine. Pero hay una importancia histórica de la que es necesario ser conscientes respecto al cine en nuestra región. Como describieron Emilio Bustamante y Jaime Luna Victoria (2017): “gracias al vídeo, culturas predominantemente orales, como la andina y la amazónica, parecen haber encontrado en el lenguaje audiovisual un vehículo expresivo ideal más acorde con su tradición que el lenguaje escrito”. La escritura fue por siglos un privilegio de las élites. La promoción del libro y la lectura, por ejemplo, permite un mayor acceso a este vehículo expresivo. No significa que una persona que no sabe leer es inferior a quien sí lo hace. Lo que importa aquí es el derecho a que una vía de expresión y comunicación tan generalizada pueda estar al alcance de todos, así como es fundamental que quienes no leen, o no tienen el español como primera lengua, puedan participar de los espacios sociales en el país. El fomento al cine tiene, entonces, una importancia profunda, vinculada a la interculturalidad. Sabemos bien que la sociedad prioriza en los ciudadanos la realización de trabajos considerados de utilidad inmediata, dejando de lado la cultura y las artes. Quien tiene la obligación de dar esa accesibilidad es el Estado.

Algo que Tudela reiteró en su PL y en apariciones públicas, es que su propuesta busca replicar el ejemplo de las dos Leyes sobre Cine vigentes hoy en Colombia, la 814 y la 1556. Hoy, la ley anticine, esta especie de monstruo de Frankenstein de 7 proyectos de ley ambiguos, dice además estar tomando como referencia lo dispuesto por estas dos leyes colombianas y consolidarlas en una sola. Si realmente esa fue su intención, deberían de saber que hay un motivo claro por el que Colombia no cuenta con una sola ley de cine, sino dos: cada una tiene aplicaciones y formas de medición muy distintas. Si realmente esa fue su intención, ¿por qué entonces disminuyeron los fondos que ya se otorgaban mediante concurso para el cine en sus diversas etapas -la preproducción, el rodaje, la posproducción, la distribución- y ahora es indispensable que consigan un 30% de fondos privados o en concursos en el extranjero para crear su película? Es comprensible que la ciudadanía desconozca sobre estos temas; que esto ocurra con legisladores que promulgan una ley sobre cine, no lo es. Pero desde el Congreso no solo hay desinformación, sino manipulación.

La ley anticine implementa algo que solo se puede ver en escenarios dictatoriales: la Ventanilla Única de Autorizaciones de Filmación Cinematográfica y Audiovisual. Se dice textualmente, por un lado, que “está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)”, seguido de algo alarmante: “busca la uniformización de los criterios para el otorgamiento de autorizaciones y licencias para la actividad cinematográfica y audiovisual”. Esta ventanilla que busca manejar criterios únicos para autorizar hacer cine en Perú, regida por un ministerio con objetivos tan diferentes como el de Turismo, solo pretende una cosa: que el cine hecho en Perú hable de aquello que las autoridades consideren favorable para la imagen “del país”, o mejor dicho, amable con autoridades de turno.Al Congreso no le interesa mejorar la industria cinematográfica. Quieren controlar los contenidos que se presentan en el cine. Si alguien cree que esto es una exageración, basta con escuchar alocuciones en el Pleno que, llenas de rabia, decían con odio que era ofensivo para ellos ver una película con personajes LGBTIQ+ , o que no se podía permitir que existan películas que critiquen las acciones de los militares. Es esto a lo que nos estamos enfrentando no solo desde la comunidad audiovisual, sino la población entera. Ahora van por los cineastas, pero están buscando ir por todos.

Por supuesto que se seguirán haciendo películas peruanas a pesar de las censuras del gobierno. Con seguridad, lo mismo pasará con las otras artes. Las expresiones culturales siempre han existido y resistido, aún teniendo autoridades y tradiciones en contra. Pero no creamos que esto es solo cosa del cine o de algunas películas. A la población peruana le están negando todo, hasta la vida. Muertes y personas con discapacidad a raíz de la represión policial en protestas, la entrega total de los territorios indígenas a las mafias que asesinan a indígenas defensores ambientales… En el gobierno de la libertad de extorsión, la expresión parece ser lo único que nos queda, aunque quieran silenciarnos.

Sobre Mariale Bernedo:

Historiadora del arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), especializada en historia y análisis cinematográfico. Crítica de cine, investigadora y docente. Cursa la maestría en Estudios Culturales en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Es miembro de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI). Ha sido jurado y ponente en diversos festivales y encuentros sobre cine. Es cocuradora de las exposiciones Armando Robles Godoy: 100 años y Nora de Izcue: todos los rostros. Ha publicado ensayos en libros dedicados a Jean-Luc Godard, John Ford, entre otros.